Aprobar la “Ley nacional de semillas” tal como está sería catastrófico para el país, así lo afirmó el director ejecutivo del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf), Juan Chávez.
Chávez destacó que el referido proyecto de ley excluye a los productores que se dedican a la agricultura familiar o de pequeña escala, que según estudios realizados por la organización Oxfam representan el 81% de las unidades productivas del país.
“Esa ley no está tomando en cuenta esa franja importantísima de productores, quienes tendrán que depender de la semilla certificada que se traiga de Estados Unidos y eso sería muy negativo”, consideró.
Si bien dijo que es necesario promover el uso de semillas certificadas porque en estos momentos se usan muy poco, entiende que no debe ser obligatorio ni debe sancionarse a quienes utilicen otros métodos de producción.
“Que los pequeños y medianos productores obtengan semillas certificadas, de buena calidad, a través de empresas, eso aumenta la productividad y la competitividad. Lo negativo es que sea obligatorio”, sostuvo.
Para el asesor científico del Coniaf, Gabriel Domínguez, lo ideal sería retomar los programas dirigidos a la producción de semilla básica y que los campesinos reciban capacitación de técnicos especializados para que ellos mismos aprendan a producir sus semillas certificadas.
“Querer obligar a esos segmentos de productores para que por ley usen o dejen de usar tal semilla a todas luces resultará inaplicable. Más bien, esa ley podría contemplar algunos aspectos sobre producción de semilla artesanal”, propuso Domínguez.
Sugirió la implementación de un modelo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que consiste en la producción de semilla artesanal mediante la modalidad fitomejoramiento participativo, donde a los agricultores se les enseña a producir su propia semilla y a mejorar la productividad de sus predios.
La ley
En su artículo 28 la legislación establece a los organismos estatales, descentralizados y muy especialmente los organismos de apoyo financiero del sector agropecuario oficial la obligatoriedad de usar semillas certificadas en todos sus planes, programas, proyectos y actividades gubernamentales.
Oposición:
Aunque en su artículo 1 el proyecto de “Ley nacional de semillas” establece que su objeto es promover, mejorar, controlar y proteger la producción, el acondicionamiento, la comercialización y el uso de semillas en beneficio de los productores agrícolas, la iniciativa ha encontrado la oposición de diversos representantes del sector, quienes piden que antes de ser aprobado debe ser debatido.
Fuente : Listin Diario
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